En los próximos días iniciará su trabajo la Convención Constituyente, con integrantes elegidos y elegidas democráticamente, con una conformación paritaria respecto de género y con inclusión de representantes de nuestros pueblos originarios.
Sin duda, los mencionados anteriormente son atributos que entusiasman y que cobijan la esperanza de construir una sociedad más justa, que transite desde un Estado subsidiario y regido por el mercado a un Chile que proteja a sus ciudadanos y ciudadanas, especialmente a los más vulnerables. Hacia un Estado de Bienestar que garantice una vida buena y la certeza de contar con Seguridad Social.
Esperemos que, luego de sus 9 meses de trabajo, prorrogables a un año, la parte más “progresista” de la Convención Constitucional logre generar alianzas y construya acuerdos potentes (en principio se requiere dos tercios para aprobar el articulado) que permitan crear nuevos sistemas de relaciones que aseguren la participación de todas, todos y todes y en materia de trabajo y seguridad social establezcan las bases para una vida en justicia.
La seguridad social, hoy, es un sistema inserto en el mercado, administrado por los grandes capitales nacionales en alianza con capitales transnacionales, y clara vez se devela con más claridad que las AFP, ISAPRES, AFC y otros productos y “seguros” benefician al empresariado y están muy distantes de brindar protección a los trabajadores.
La realidad laboral que viven hoy los trabajadores y trabajadoras está muy lejana del concepto de trabajo decente, aquel en que se respetan la dignidad humana, la seguridad, la libertad y la equidad. El trabajo no constituye un espacio de desarrollo, de socialización y menos de satisfacción profesional en que lo colectivo sea un valor, sino sólo un lugar donde encontrar con esfuerzo y sacrificios inhumanos los recursos necesarios para acceder y pagar los consumos básicos y a veces innecesarios que el mismo sistema promueve.
Las abogadas y abogados laboralistas no aspiramos a que la futura Constitución se convierta en un nuevo Código del Trabajo, pero sí consideramos que el texto de ésta debe consagrar el trabajo decente en la más amplia concepción, la seguridad social garantizada como eje, así como la libertad sindical en sus tres bases clave: sindicalización, negociación colectiva y huelga. Y para lograr aquello, estaremos alertas, desplegaremos trabajo colectivo, acompañaremos a los convencionales constituyentes y no dejaremos esfuerzos de lado para fortalecer a las organizaciones sindicales en sus energías, en los avances de justicia que requiere nuestro pueblo trabajador.
Cambiar la situación actual no es fácil. Pero se ha abierto una ventana y debemos aprovecharla. Los trabajadores deben tomar conciencia de que es su trabajo el que permite la vida, así como permite enriquecer a los grandes capitales y, a partir de eso, deben hacerse oír en el proceso constituyente. La riqueza la producen los trabajadores y es justo que las utilidades sean distribuidas en justicia a quienes la producen.
Ahora es cuando se deben realizar todos los aportes, desde todas las instancias para que la tarea de construir una sociedad en que el trabajo sea decente, digno, en equidad y justica. Que la explotación no siga naturalizada y que la organización de los y las trabajadoras logren la disminución de la asimetría que existe y que no permite equidad y justicia.
